En el Perú, el derecho a la salud empieza en un lugar insospechado: una hoja membretada, un número de registro. El acceso a una vacuna, a medicinas, a una cama de hospital puede depender de algo tan burocrático como un documento de identidad. Y para millones de personas, esa puerta sigue cerrada.
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) es la institución que reconoce oficialmente a quienes viven con alguna discapacidad y les permite acceder a beneficios sociales y de salud. Sin embargo, se estima que solo una de cada seis personas con discapacidad en el país está inscrita en su registro. El resto —cerca de 3 millones de ciudadanos— permanece en una suerte de limbo administrativo: existen, pero no cuentan.
“Dentro de nuestro Programa de Protección Social (PPS) tenemos como componente estructurado el acceso a documentación”, explica Genaro Anco, jefe del PPS de Socios En Salud. “No se trata solo del pago del costo del DNI, de la carencia del documento de identidad o de la entrega del mismo mediante campañas sociales, sino de todos los factores sociales que están detrás de ello”.
Documentar para incluir: niños, adultos mayores y migrantes
En teoría, cada niño o niña que nace en un hospital peruano debería quedar inscrito de inmediato en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). En la práctica, sin embargo, la norma suele quebrarse. Padres ausentes, conflictos familiares, desinterés o simple descuido condenan a muchos recién nacidos a crecer sin documentos.
“Si no existe partida de nacimiento, iniciamos el proceso desde cero en la municipalidad o el Registro Civil, con testigos o documentos como el carné de vacunación”, explica Anco. Los agentes comunitarios de salud acompañan a las familias en un trámite que puede extenderse hasta 15 días.
El panorama se complica aún más con los adultos mayores. Hombres y mujeres de 65 o 70 años que nunca fueron registrados al nacer. Para acceder a programas sociales como Pensión 65 —que brinda un subsidio a personas mayores en pobreza extrema— el documento es imprescindible, lo que obliga a rastrear comunidades de origen y recurrir a testigos que den fe de su identidad.
Agentes comunitarias de salud de Socios En Salud acompañan a las personas en el acceso a sus derechos básicos, como la obtención del DNI.
Foto de SES
“En algunos casos hemos tenido que ser testigos nosotros mismos, porque muchas veces los familiares no quieren involucrarse”, recuerda Anco. Si los libros de actas se han perdido —como ocurre con frecuencia en zonas rurales— la reconstrucción de una identidad puede tomar entre seis meses y más de un año.
La misma dificultad enfrentan los migrantes. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de medio millón de personas extranjeras viven en situación irregular en el país. Estar indocumentados limita su acceso a la salud.
“Con migrantes, principalmente personas afectadas por VIH o tuberculosis, apoyamos su inscripción en el Seguro Integral de Salud (SIS). En algunos casos son aceptados de inmediato por su condición de vulnerabilidad, pero en otros se les exige carné de extranjería, un trámite que demora bastante”, señala Anco.
Ese tiempo perdido en la burocracia no es neutro: significa meses sin medicinas, sin subsidios, sin el derecho básico de ser reconocidos como ciudadanos y en muchas ocasiones el indocumentado fallece en el camino de espera o proceso de gestión de documentos.
Acceder a programas sociales
La documentación es la llave de entrada a programas sociales que permiten a las familias vulnerables tener una vida más digna.
En el caso de las personas que viven con esquizofrenia, el PPS brinda acompañamiento integral en todo el proceso: desde el diagnóstico médico y la obtención del certificado de discapacidad, hasta la gestión del carné del CONADIS, la actualización en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y la inscripción en el programa Contigo. “Antes debíamos seguir el proceso de gestión a través de la municipalidad, lo que podía demorar hasta un año. Ahora acudimos directamente a la sede central del CONADIS y el carné se entrega en dos o tres días, máximo una semana”.
La diferencia no es menor: entre esperar 365 días o 7, lo que cambia no es solo un calendario, sino la vida cotidiana de alguien que necesita medicamentos, alimentos y cuidados.
El siguiente paso es la aprobación de la subvención económica del programa Contigo, que depende de la categorización actualizada en el SISFOH como pobre o pobre extremo. Aunque este trámite es tarea municipal, desde el PPS también realizamos seguimiento en línea a través de la plataforma oficial de Contigo, verificando con el DNI el estado de aprobación hasta que la persona reciba el subsidio de 300 soles bimensuales. Sin embargo, este proceso puede tardar entre ocho meses y dos años, un tiempo excesivo que, en muchos casos, se vuelve injusto: algunas personas fallecen antes de acceder a este esperado apoyo del Estado.
Desde 2019, Socios En Salud ha acompañado a más de 499 personas viviendo con esquizofrenia en este proceso, de las cuales 50 personas ya reciben esta subvención económica. Una cifra que no traduce el desgaste de los involucrados: familias que viajan horas para firmar un papel, agentes comunitarias que recorren barrios para entregar notificaciones.
«Cada DNI o carné del CONADIS logrado abre una puerta. Nuestro trabajo es asegurarnos de que nadie se quede afuera por no tener un papel, ya que es un derecho social que tiene el diagnosticado con discapacidad severa”, resume Anco.
Con ese norte, entre julio de 2024 y junio de 2025, PPS realizó 141 gestiones exitosas: desde trámites documentarios hasta accesos a programas sociales. El derecho a la salud empieza con la identidad, y garantizar ese primer paso cambia vidas enteras.